¿Qué dice el principio universal?

El derecho internacional considera que esos crímenes atroces afectan a toda la comunidad internacional, estén o no incluidos en las legislaciones nacionales. Y para que sus responsables no queden impunes, establece principios como la no prescripción del delito, la prohibición de amnistiar al autor, la amplia responsabilidad penal individual –de quien lo cometa o sea cómplice, lo ordene o induzca, o lo encubra– y la persecución obligatoria por parte de cualquier jurisdicción estatal o internacional. En cuanto a los derechos de las víctimas, la justicia internacional señala tres principios fundamentales: la verdad, para que ellas mismas, sus familiares y la sociedad entera puedan saber lo ocurrido; la justicia, que obliga a los Estados a investigar todos los delitos y procesar a sus presuntos autores en juicios con plenas garantías; y la reparación, para que víctimas y familiares reciban apoyo material y/o psicológico que les permita reconstruir sus vidas. Los principales mecanismos para la puesta en práctica de la justicia internacional han sido la Corte Penal Internacional –tribunal permanente que investiga y juzga los crímenes de derecho internacional--, los tribunales especiales internacionales o internacionalizados creados para situaciones concretas y aquellos tribunales nacionales que aplican el principio de jurisdicción universal –reconocido por el 85% de los países del mundo– para investigar graves violaciones de derechos humanos aunque se hayan cometido en otro país o sus presuntos autores o víctimas tengan otra nacionalidad.

La cartilla presenta los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad y Progresividad de los derechos humanos que han sido reconocidos y desarrollados tanto por el ámbito nacional como por el internacional. El objetivo de la cartilla es dar a conocer al público en general cuáles son los principios de derechos humanos y en donde se encuentran reconocidos.

El principio de justicia universal trata de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad. Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la Comunidad Internacional y con el objetivo de protegerla debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga en su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de ejecución del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos. Este principio se basa en delitos de ámbito internacional o universal que atacan las leyes que protegen la vida incluyendo a la Comunidad Internacional. La sentencia de 11 de julio de 1996 de la Corte Internacional de Justicia, en el caso Bosnia–Herzegovina vs. República Federal de Yugoslavia (Serbia y Montenegro), reconoció expresamente el derecho de los Estados a ejercer la jurisdicción universal en materia de genocidio: no existen límites temporales para la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y para el ejercicio de su jurisdicción en virtud de dicha Convención, si no existen reservas formuladas a este respecto. En cuanto al alcance y aplicación de la justicia universal, la Comisión Jurídica de la Asamblea de las Naciones Unidas, examinó el tema en 2016, donde varias delegaciones destacaron que el principio debe aplicarse de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y las normas jurídicas internacionales, incluida la igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial y la no injerencia en los asuntos internos de los Estados. También se hizo hincapié en la necesidad de evitar la aplicación arbitraria o selectiva del principio para evitar su manipulación o explotación política. Algunas delegaciones afirmaron que la responsabilidad primordial de investigar y procesar los delitos internacionales graves debería recaer en el Estado de territorialidad.

La justicia universal, principio de universalidad o principio de justicia universal, es uno de los principios de aplicación extraterritorial de la ley penal cuyo objetivo no es otro que tratar de evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad, esto es, delitos de genocidio o lesa humanidad, terrorismo o torturas, entre otros. Todos y cada uno de los Estados que forman la comunidad internacional deben de juzgar a todo delincuente que detengan en su territorio, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de ejecución del delito cuando este último ataque las leyes que protegen la vida. Se delimitará con carácter positivo la persecución de delitos cometidos fuera de España cuando la apertura de los procedimientos deba condicionarse a la presentación de querella por el Ministerio Fiscal o la persona agraviada por el delito. Con carácter negativo, se delimitará la competencia de los tribunales españoles, indicando que se excluye su competencia cuando ya se hubiese iniciado un procedimiento en un tribunal internacional o por la jurisdicción del país en que hubieran sido cometidos los delitos o de la nacionalidad de la persona a la que se impute su comisión, en estos dos casos siempre que la persona a la que se le impute el delito no se encuentre en España o, estando en España vaya a ser extraditado a otro país o transferido a un tribunal internacional. Lo que nos viene a decir la reforma, es que los jueces españoles solo podrán investigar delitos cuando la causa se dirija contra ciudadanos españoles o ciudadanos extranjeros que residan habitualmente en España o cuya extradición hubiera sido denegada.