¿Qué dice la ley de accesibilidad?

Este año entran en vigor en España diferentes reales decretos o leyes de accesibilidad a nivel nacional, que pretenden regular aspectos, desarrollando la legislación ya existente, como la accesibilidad digital, la accesibilidad cognitiva o el etiquetado accesible. La UNE-EN 81-70:2022+A1, que regula los ascensores accesibles, y que está incorporada en el SUA-9 del Código Técnico de la Edificación, ya se aplica desde el pasado 21 de febrero, fecha en la que terminó su coexistencia con la anterior UNE. Esta norma, que se aprobó en 2023, modifica, por ejemplo, las dimensiones de las cabinas de los ascensores según la actividad que se desarrolla en el espacio. Este 28 de junio entra en vigor, no sólo en España sino en toda Europa, la conocida como Acta Europea de Accesibilidad o European accessibility act (EAA), que pretende homogeneizar criterios de accesibilidad digital de servicios y productos. Esta directiva europea deja en manos de los diferentes estados miembros el incluir en las transposiciones nacionales la obligatoriedad en la accesibilidad física, como de hecho sí sucede en España. El Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible, que obliga a determinados productos de especial importancia para la protección de la seguridad, integridad y calidad de vida a incluir información en braille y en otros formatos alternativos, como códigos QR. El Real Decreto por el que se aprueba el reglamento sobre las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva surge como respuesta a la Ley 6/2022, de 31 de marzo, que establece un plazo de tres años para la aprobación de un Reglamento. En el texto se regulan aspectos como el uso de la lectura fácil, pictogramas, vídeos explicativos o cuantas medidas de apoyo sean necesarias para “personas con dificultades de comprensión, comunicación e interacción derivada de discapacidad intelectual, mental, daño cerebral, parálisis cerebral, trastorno del espectro de autismo, deterioro cognitivo o situaciones socioeconómicas como la inmigración o el analfabetismo”. La aprobación de este Real Decreto está prevista para el 1 de julio, según recoge el mismo proyecto de real decreto. Las empresas de interés público de más de 500 empleados deben elaborar este año su primer informe de sostenibilidad en cumplimiento de la Directiva Europea de Reporte de Sostenibilidad Corporativa 2022/2464 (CSRD); y las grandes empresas, cotizadas o no, con más de 250 empleados o facturación de 50 millones de euros o 25 millones en activos deben empezar a recopilar datos ya que tendrán que presentarlo en 2026. Dentro de la metodología obligatoria para la realización de estos informes, las Normas Europeas de Información sobre Sostenibilidad (NEIS), se recogen criterios relacionados con el ámbito social y, en concreto, con la accesibilidad. Un espacio, web, producto… certificado con AIS en grado de excelencia se asegura el cumplimiento legal y se adelanta a futuros cambios normativos.